En ese contexto, Zivillica brindó un dato revelador: en noviembre de 2024, el actual comisionado de El Cadillal, Dante Delgado, le habría recomendado iniciar los trámites con Trujillo. “Me pidió que dividiera mi lote en cuatro partes para que entrara dentro del plan y que contratara un agrimensor. Pagué $960.000, pero hasta hoy no hicieron nada”, denunció.
Este testimonio marca la primera vez que se vincula directamente a Delgado con las gestiones irregulares durante su mandato, más allá de su conocida participación cuando era candidato.
El plan de regularización dominial lanzado por el Gobierno preveía la venta de tierras fiscales mediante licitación a quienes cumplieran con ciertos requisitos.
Sin embargo, de los 3.000 interesados potenciales, sólo 400 completaron el trámite, debido a que numerosos funcionarios intermedios ofrecían una “vía rápida” paralela, por fuera de la ley, cobrando por gestiones que nunca avanzaron.
Según Catastro, los implicados entregaban constancias apócrifas, habilitando a los compradores a solicitar servicios básicos como luz y agua, aún cuando los terrenos no eran legalmente suyos.
Además, existen videos donde se ve a empleados estatales recibiendo dinero en sus oficinas, presentados como prueba en la Justicia.
“Los vecinos están organizándose”, afirmó Albornoz. “Queremos que se inicie un nuevo plan legal, transparente, que nos permita comprar las tierras al Estado como corresponde”. Zivillica concluyó: “No es justo que por culpa de la corrupción nos quedemos sin casa. El Estado debe responder”.
A medida que avanzan las investigaciones judiciales y administrativas, crece la presión sobre el Gobierno provincial para que diseñe una nueva política de ordenamiento territorial en El Cadillal que contemple el acceso legal a la tierra de miles de familias afectadas.