Durante el proceso, más de medio centenar de testigos declararon de manera presencial y por escrito respecto a las tres cargos contra Ballesteros: haber “violentado la esencia del proceso” en una causa en la que su padre fue víctima, en 2022; haberse excedido en su actividad jurisdiccional, en su rol de magistrada, por “haber realizado afirmaciones y expresiones despectivas contra funcionarios del MPD y el MPF”, en 2023; y por denuncias de malos tratos del personal del Juzgado Penal de la V Nominación, en 2019.
El Artículo 130 de la Constitución dispone que “el fallo no tendrá más efecto que el de destituir al acusado y aun declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia, sin perjuicio de la responsabilidad común que pudiera corresponderle, la que se hará efectiva ante los tribunales ordinarios”.