El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y su mano derecha en energía, Daniel González (Coordinador de Energía y Minería), lanzarán un esquema tarifario que, por un lado intentará no acelerar la inflación y, por el otro, continuar con la meta oficial de ajuste fiscal. En concreto, el plan del gobierno implicará una nueva ola de quita de subsidios (en 2024 representaron el 1% del PBI y en 2025 Caputo espera que sean de US$ 3.500 millones, un 0,5% del PBI); la eliminación de la actual segmentación creada por Martín Guzmán en 2022 (que dividía a los hogares en ingresos altos, medios y bajos); y la implementación de asistencia estatal focalizada a las familias que, según entiende el gobierno, más lo necesitan.
La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, funcionaria que responde a Daniel González, acaba de publicar en el Boletín Oficial la resolución 384, que otorga una “prórroga por un plazo de seis meses, desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”. En estos seis meses el gobierno “avanzará gradualmente con las señales que estimulan el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales por parte de todos los hogares del país”. Los subsidios se aplicarán sólo para “acompañar a quienes realmente lo necesitan”, aclara la resolución, y añade que la quita de asistencia será “gradual”, palabra clave para evitar la judicialización señalaron a El Destape fuentes del sector energético.
En la misma línea, el 20 de noviembre, Caputo extendió la emergencia energética por seis meses. La medida se implementó a través del Decreto 1023, que, en los hechos, permitió la postergación por un semestre del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI, que habilita formalmente nuevos esquemas tarifarios) que el ex secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había anunciado este año. Además, el Mega DNU 70/2023 también extiende la emergencia tarifaria hasta fin de 2025.
Millones
En el nuevo plan del gobierno para 2025, los 2,8 millones de hogares de ingresos medios en electricidad y buena parte de los 8,3 millones de hogares de bajos ingresos irán en un sendero gradual de aumentos hasta pagar las tarifas de luz y gas completas, es decir, sin subsidios. En los hechos, abonarán lo mismo que actualmente pagan los 5 millones de usuarios de altos ingresos. En gas, ese universo se divide en 3,6 millones altos ingresos, 3,5 millones ingresos bajos y 2,2 millones hogares medios.
Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP de la UBA, que analiza usuarios del AMBA, en noviembre los sectores altos pagaron el 93% del costo real de la electricidad y el 90% del gas (el porcentaje restante lo cubre el Estado).
El mismo informe destaca que un usuario N2 (bajos ingresos) pagó el 26% de la electricidad y el 32% del gas natural y un usuario N3 (ingresos medios) abonó el mismo 41% en electricidad y gas. El plan del gobierno es reducir los subsidios en un porcentaje lo más cercano a cero, que implica un aumento significativo de las tarifas para 2025 que tendrán que afrontar alrededor de 15 millones de usuarios. El número más fino no se conoce porque el gobierno todavía no definió cuántos y de qué forma los hogares pobres seguirán recibiendo subsidios del Estado.
En los hechos, además de los sectores de altos ingresos, el plan oficial tendrá como eje central la quita de los subsidios a la clase media por completo y a un grupo grande de los 8.382.271 hogares de ingresos bajos, según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
La intención es que los usuarios de altos, medios y una buena parte de los de bajos ingresos reciban aumentos en 2025 hasta pagar las tarifas reales. Por otro lado, desde junio el gobierno aplicará subsidios energéticos focalizados, algo similar a una tarifa social pero para un grupo más reducido. Esto quiere decir a partir del próximo invierno las facturas aumentarán fuertemente para la gran mayoría de los usuarios del país.