Esta empresa estatal creada en 2017 para gestionar las rutas anteriormente concesionadas al sector privado no ha logrado cumplir con los estándares mínimos de operación y mantenimiento, operando con déficit a pesar de los aumentos tarifarios realizados. Es por ello que, hasta diciembre de 2023, las deudas fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional, desvirtuando el propósito del peaje, el cual es financiar de manera autónoma la operación y el mantenimiento de las rutas.